Sin embargo, en el texto aprobado por el Parlamento en diciembre, en su artículo 213, solamente sanciona, con prisión de diez a quince años y multas, a los usuarios que con la intención de hacerse con créditos o tramitar divisas "presenten, entreguen o suscriban (...) recaudos de cualquier tipo que sean falsos". La misma pena se le impondrá a los funcionarios de las instituciones financieras que sabiendo que dichos requisitos no son auténticos autoricen las operaciones.
El cambio en la ley hizo saltar las alarmas tanto en la Fiscalía como en el Tribunal Supremo, pues supondría anular las investigaciones. Esto explicaría por qué la Sala Penal del máximo juzgado a finales de febrero se hizo, por medio de un avocamiento, con los expedientes de los directivos de los bancos intervenidos, pues al estar las causas en el TSJ se evita que algún juez dicte alguna excarcelación.
El pasado día 2, en la Gaceta Oficial 39.627, apareció publicado un decreto mediante el cual el presidente Hugo Chávez, en uso de la Ley Habilitante, reformó la Ley de diciembre y modificó el contenido del artículo 213, el cual ahora es el 216, precisamente para penalizar nuevamente al banquero que se haga con fondos de la institución en la que labora para beneficio propio.
No obstante, el ajuste no tendría por qué afectar a los investigados, al menos a la luz de lo previsto en el artículo 24 de la Constitución, el cual contempla: "Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena".
La defensa de los banqueros perfectamente podrá solicitar a los jueces la aplicación de la Ley aprobada en diciembre por la Asamblea, por cuanto es la que más beneficia a sus clientes.
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