El Partido Comunista de Venezuela propuso a principios de abril que el aumento del salario mínimo fuese de 40%, y que se incluyeran todas las escalas salariales en el incremento.La MUD también introdujo ante la AN un proyecto en el que se proponía el aumento del salario mínimo en 30% y la discusión de las convenciones pendientes.
De acuerdo con la propuesta de aumento escalonado del PCV, quienes devengaban menor salario debían recibir un porcentaje mayor de aumento que quienes ganaban un sueldo mayor.
El partido afín al gobierno también exigió la discusión de las convenciones colectivas en el sector público.
Sin embargo, las expectativas salariales de oficialistas y opositores no fueron cumplidas con el anuncio de este lunes.
Alfredo Ramos, diputado de la Asamblea Nacional, calificó el aumento fraccionado que anunció el primer mandatario como "un incremento pírrico que no compensa el deterioro del salario general de los trabajadores, que está golpeado por una de las inflaciones más altas del mundo".
Condenó que las convenciones colectivas de todas las instituciones públicas están vencidas, y que el presidente Chávez anuncie el establecimiento de un tabulador decidido unilateralmente.
"El tabulador debería formar parte de la discusión de la convención colectiva", enfatizó Ramos.
Aseguró que "el Presidente no dialoga, sino impone", por lo cual los aumentos anunciados durante su gobierno no han sido discutidos en comisión tripartita, como se hacía tradicionalmente en el país.
El diputado condenó la exclusión de 2.600.000 jubilados, a quienes no se les otorga el beneficio del ticket alimentación para compensar sus "golpeadas pensiones".
Recordó que la Mesa de la Unidad elevó a la AN una propuesta de reforma a la Ley de Alimentación en la que se proponía la extensión del beneficio a todos los trabajadores, como la anunciada por el presidente Hugo Chávez, y la inclusión de jubilados y pensionados entre los favorecidos.
La AN rechazó esta propuesta, parte de la cual fue tomada por el mandatario y anunciada en cadena nacional el lunes.
Ramos resaltó que los jubilados de la Asamblea Nacional, Corpoelec, el Metro de Caracas, el Ince y más de 30 instituciones tienen este beneficio, que debería ampliarse a todos los pensionados.
Debido a esto, se realizará en los próximos días una movilización de jubilados y pensionados a la Asamblea Nacional, donde entregarán firmas para respaldar la solicitud de este beneficio.
"Si eres un trabajador activo y recibes el ticket alimentación, ¿por que te lo van a quitar cuando te jubilas?", se preguntó Ramos.
Afirmó que el excedente petrolero, que se ubica por encima de 70 dólares por barril, podría financiar este beneficio.
De acuerdo con la propuesta de la Mesa de la Unidad, 50% de este excedente debería financiar la seguridad social.
En junio del año 2010, el Ejecutivo emitió a todas las instituciones públicas un comunicado que prohibía la discusión de convenciones colectivas sin autorización de este poder público.
También se ordenaba no hacer ajustes salariales, bonificaciones o aumentar los precios de los productos o servicios ofrecidos por estas instituciones.
Estos lineamientos se corresponden con los emitidos por el informe Políticas Laborales y de Negociación Colectiva, realizado en abril de 2009.
A raíz del retraso de las discusiones, y luego de este anuncio, diversos sindicatos del sector público han protagonizado manifestaciones de calle exigiendo mejoras salariales.
Entre los participantes más frecuentes de estas protestas se encuentran los trabajadores del sector eléctrico, las empresas básicas y el sector salud.
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