"Hubo deficiencias en el proceso de planificación y control previo de las contrataciones así como en la etapa de ejecución de obras. Fue común la adjudicación directa cuando los contratos debieron ser sometidos a contrataciones selectivas". Problemas en la ejecución de recursos, ausencia de control en los proyectos, falta de mantenimiento e incumplimiento en la entrega de títulos de propiedad son algunas de las dificultades que tuvieron los desarrollos habitacionales que están en manos de entes del Estado venezolano.
El informe detalla más deficiencias y agrega que "no se ejerció una adecuada supervisión de las contratos ni se exigió a las empresas la ejecución de sus obligaciones contractuales, disminuyendo la capacidad de los entes a realizar nuevas contrataciones. Las contratistas mantuvieron en su poder grandes sumas de dinero de las empresas del Estado, por cuanto es común que se otorguen anticipos que no se amortizan, pero no se efectuaron las diligencias tendentes a recuperar los anticipos otorgados".
El informe de la Contraloría General de la República de Venezuela correspondiente al ejercicio 2010, refleja la fiscalización efectuada entre 2008 y 2009 a varios complejos del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) así como a los proyectos de los Comités de Tierras Urbanas y los consejos, y uno de los aspectos que generó inquietud, luego de la supervisión, fue la propiedad.
El organismo, detalla en el documento, que las familias a las cuales le han sido adjudicadas las unidades habitacionales no cuentan con títulos de propiedad, por tal motivo en las recomendaciones, insta a los entes oficiales a realizar las gestiones necesarias a fin de regularizar "la condición legal de los propietarios de las viviendas adjudicadas por el Estado".
Los institutos a las familias que están por ejemplo en las ciudades socialistas les han entregado títulos de adjudicación. En las actas se les indica a los beneficiarios que esas viviendas y los enseres no se pueden vender, arrendar o traspasar y dichas condiciones se mantendrán hasta que se entreguen los documentos de propiedad.
Los resultados de la supervisión de la Contraloría General también muestran fallas en los procedimientos de contrataciones y en el avance de las soluciones habitacionales.
El organismo, indica que luego de las actuaciones realizadas a los complejos fueron detectadas fallas en la planificación del presupuesto por parte de los entes, a lo que se sumó la ausencia de un sistema de seguimiento y control presupuestario de los recursos asignados.
A esas fallas con la administración de los fondos se añadieron las debilidades en la supervisión y control de los contratos en las obras.
Para la Contraloría General en los proyectos se registraron situaciones que no se ajustaron a las normativas que regulan la materia de contrataciones para la adquisición de bienes y prestación de servicios.
La Contraloría dijo que en las obras hubo fallas de urbanismo, carencia de suministro de agua, y falta de mantenimiento con el constante deterioro de las obras y aumento en los costos de las reparaciones.
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