El Parlamento griego es llamado a votar hoy miércoles unas dolorosas medidas fiscales para seguir recibiendo ayuda externa y evitar que se declare en quiebra. El objeto de la votación es un nuevo paquete de medidas con las que el Gobierno griego aspira recaudar 78.000 millones de euros hasta 2015 para reducir su enorme déficit y hacer sostenible su deuda, que supera los 355.000 millones de euros.
El jefe del Gobierno, el socialista Yorgos Papandréu, y su nuevo ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, han instado a los 155 diputados de su partido, el gobernante PASOK, a que hagan "su deber patriótico" y a que apoyen esas medidas que son "dolorosas, pero necesarias".
A pocas horas de la crucial votación, se mantenía el enigma sobre la decisión final de un par de diputados del PASOK que han expresado sus profundas objeciones hacia los nuevos recortes y los planes de privatizar la empresa semiestatal de la electricidad (DEH).
La totalidad de la oposición ha declarado que no apoyará a Papandréu.
El grupo socialista parlamentario cuenta con 155 de los 300 escaños parlamentarios y por lo tanto, con la necesaria mayoría absoluta para aprobar el paquete, pero hay dudas sobre la capacidad del Gobierno de Papandréu de poder implementarlo con un apoyo tan frágil y hacer frente al creciente descontento social.
Así, los trabajadores prosiguen hoy sus protestas en una segunda jornada de huelga general que desde la madrugada del martes ha paralizado el transporte en el país, alterado sus vuelos, afectado la actividad económica y ha traído la violencia a la calle tras un mes de pacíficas protestas de parte de los decenas de miles de descontentos en la plazas del país.
En suma, Papandréu afronta el descontento fuera del Parlamento y dentro de éste, así como el peligro de la quiebra del país, reflejado en la declaración del comisario europeo Olli Rhen, quien ayer advirtió a los griegos de que "o se aprueban las medidas o se quiebra".
Y es que el impago de Grecia será inevitable sin la aprobación de este paquete, ya que el país no recibiría el próximo tramo, de 12.000 millones de euros, del gigantesco rescate concedido el mayo de 2010 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE).
Sin ese dinero, Atenas no puede pagar los sueldos y las pensiones en julio y quebraría, con un efecto imprevisible en el euro y otros países como Irlanda, Portugal, Italia o España.
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