En la audiencia de presentación, los fiscales 26 y 30º nacional, José Miguel Medina y Roberto Acosta, respectivamente, imputaron al teniente coronel Miguel Ángel Urrieta Manrique (42), comandante del Destacamento de Comandos Rurales Nº 19 con sede en Chururú, sector Caño Negro del estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de material estratégico, asociación para delinquir y corrupción propia. También imputaron tanto al capitán de la GNB, Ysker Enrique Orozco (32), como a la teniente de ese cuerpo castrense, Eulym Marikarmen Buenaño Rico (31), por los tres delitos antes mencionados.
El Ministerio Público en un comunicado informó que un comandante, un capitán y una teniente de la Guardia Nacional Bolivariana fueron privados de su libertad por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de cabillas.
Con estos tres funcionarios de la GNB ya van cinco detenidos oficialmente informados por la Fiscalía. Los otros dos son el director de Comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez, quien fue detenido el pasado 9 de junio, y Tatiana Orozco, quien fue aprehendida tras un allanamiento a un galpón ubicado en la zona industrial de Matanzas, Ciudad Guayana.
La Fiscalía informó que "una vez evaluados los elementos de convicción presentados por los fiscales, el Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó la medida privativa de libertad y ordenó la reclusión de los tres militares en el Internado Judicial de Ramo Verde, ubicado en Los Teques".
Estos tres efectivos de la GNB tenían órdenes de aprehensión acordadas por el Tribunal 10º de Control de ese circuito judicial, en virtud de los elementos de interés criminalístico recabados por el Ministerio Público durante los allanamientos realizados en Sidor, Orinoco Iron, y en el galpón vinculado con Orozco.
Debido a que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó radicar en el Área Metropolitana de Caracas todos los casos vinculados con el tráfico y desvío de cabillas y materiales esenciales para la construcción, esta causa se acumulará a las que se le siguen a Velásquez, quien además era el presidente de Orinoco Iron.
Toda esta investigación se inició el 7 de junio cuando la DIM recibió denuncias de irregularidades tanto en Sidor como en Orinoco Iron, en momentos cuando el Gobierno impulsa la Misión Vivienda para resolver el déficit habitacional.
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