La Ley de Costos y Precios Justos agiliza la transición hacia el esquema socialista en Venezuela

Víctor Maldonado,  presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas, afirmó que la Ley de Costos y Precios Justos es la “maximización” de un viejo error para tratar de reducirla inflación. Maldonado dijo que para bajar este flagelo hay que atacar las verdaderas causas del problema e  indicó que el gobierno debería corregir para controlar la inflación la indisciplina fiscal, el funcionamiento de PDVSA y dejar de demonizar al sector privado.


Para Maldonado, la vigilancia y aplicación de esta ley por parte de una superintendencia adscrita a la Vicepresidencia deja ver la orientación política.
Con la aprobación del Decreto-Ley de Costos y Precios Justos, el Gobierno suma otro punto para el establecimiento de una economía de planificación centralizada, en el marco de los proyectos definidos para transitar hacia el modelo productivo socialista.

El instrumento legal, que se espera sea publicado este lunes en la Gaceta Oficial, le pondrá un tope a los precios y a los costos en toda la cadena de producción y, por lo tanto, limitará las ganancias de las industrias y de los comercios.

La fijación de un techo a las utilidades surge como otro paso más en el camino seguido por la administración del Presidente Hugo Chávez para alcanzar el esquema izquierdista.

El exministro de Planificación y Desarrollo, Haiman El Troudi (actual presidente del Metro de Caracas), ha sido un asesor cercano al jefe de Estado y ha definido el plan de avance en su libro "La Política Económica Bolivariana (PEB) y los dilemas de la transición socialista en Venezuela". En el mismo expone que la determinación de esos topes debe acompañarse de una proporcionalidad en el margen de las ganancias entre productores, mayoristas y comerciantes; la fijación de los precios con base en las estructuras de costos de cada sector y una regulación flexible de los precios que tenga en cuenta posibles cambios de la economía.

Cuando se trata de productos importados, El Troudi indica que se debe atacar el asunto desde dos flancos. Por un lado, se debe constituir un Sistema de Precios Referenciales de Importación y, por otro, definir un presupuesto en divisas que se convierta en un "instrumento de planificación de importaciones". Este último asunto debe atarse a un Plan Nacional de Balance de Importaciones y Producción Nacional, como un elemento de equilibrio que evite la sobreproducción y una oferta excesiva de bienes importados que afecte la conformación de los precios.

Según señaló Chávez este jueves, cuando firmó el instrumento legal, dos organismos se suman ahora al aparato estatal: el Sistema Nacional de Administración de Costos y Precios y la Superintendencia Nacional de Administración y Control de Costos y Precios Justos, ambos adscritos a la Vicepresidencia de la República.

En 2008 el entonces Ministerio de Planificación y Desarrollo coordinó la creación de una unidad de costos y precios, que avanzó más en la teoría que en la práctica. En tal sentido, se adelantó la metodología para determinar las estructuras de costos de producción y comercialización. Los elementos tomados en cuenta para el sector agrícola y pecuario fueron los costos de la materia prima, del transporte, de los insumos directos, de la mano de obra directa e indirecta y los gastos operativos. Para las industrias fueron la materia prima y otros insumos directos, los materiales de envase o embalaje, la mano de obra directa e indirecta y los gastos operativos.

Entre tanto, para los comerciantes mayoristas y minoristas se tomaron en cuenta los costos del producto, los gastos operativos, administrativos y por ventas. Para los importadores, el precio del producto en puerto de origen, el costo del flete y el seguro, los trámites aduaneros, los aranceles, los impuestos, la descarga de la mercancía, la caleta, el permiso sanitario, el certificado de no producción y los demás costos operativos del importador.

El Troudi señala en su libro que no se trata de una definición única y, de hecho, plantea estimaciones de las estructuras de costos por etapas de las cadenas de producción, a niveles regionales e, incluso, de acuerdo al tamaño de cada establecimiento productivo.

Con la aprobación de la Ley de Costos y Precios Justos, el Gobierno añade más elementos de control a una política que durante los últimos ocho años ha estado regida por las regulaciones. Primero fue el control de los precios de una cesta cada vez mayor de bienes básicos, y en 2010 se anunció que el Estado asumirá el dominio de las importaciones de alimentos.

Ya el Primer Plan Socialista alcanza su etapa culminante, y en el Ejecutivo llevan más de un año definiendo su continuación para el período 2013-2019, lo que significa una etapa más avanzada en la transición hacia el socialismo en Venezuela.

Pero aún faltan más normas para cerrar el primer ciclo. Están pendientes el Código de Comercio, que ha estado sometido a análisis desde hace al menos cinco años, y las leyes de Propiedad Social y la del Trabajo. Juntas significarán otro golpe de timón hacia la izquierda en el esquema actual.