La medida es la respuesta federal más fuerte dada hasta ahora a la
reprobable y avariciosa conducta que caracterizó a los bancos durante la crisis de la década pasada, y se da después de que el Gobierno examinara durante meses
la forma en que los bancos manejaron los trámites hipotecarios y los
procesos de embargo.
No obstante, en una omisión reveladora, los reguladores no dijeron a cuánto ascenderían las posibles multas, haciendo imposible juzgar si el castigo irá más allá de un 'tirón de orejas'.
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés), que no participó en la revisión federal, fue incluso más allá, sugiriendo que los bancos serán sometidos a futuras investigaciones:
Las conclusiones de la revisión interinstitucional claramente demuestran que las principales entidades que prestan servicios hipotecarios incurrieron en importantes deficiencias en varios aspectos de sus procesos de ejecución hipotecaria. Entre estas deficiencias están la presentación de declaraciones ydocumentos inexactos en los procesos de ejecución hipotecaria (las denominadas "firmas-robotizadas"), una supervisión deficiente de abogados y de otros terceros involucrados en los procesos de embargo, deficiencia en el personal y en su capacitación, y el no coordinar de forma eficiente las modificaciones de crédito y los procesos de ejecución hipotecaria para asegurar una comunicación efectiva con los deudores que buscaban evitar la ejecución. La revisión interinstitucional se limitó al manejo de las prácticas y los procesos hipotecarios, y no fue, por su naturaleza, una revisión integral a los esfuerzos que estas entidades emprendieron para mitigar la pérdida (de las viviendas). Se requiere de una profunda revisión regulatoria a estos esfuerzos para asegurar que los procesos son lo suficientemente efectivos para evitar embargos indebidos, y para asegurar que las entidades han identificado hasta qué punto han sido perjudicados los propietarios de las viviendas.
Las autoridades estatales y federales de
Estados Unidos buscan responsabilizar a los bancos por las irregularidades cometidas durante la burbuja inmobiliaria y la crisis de ejecuciones hipotecarias. Algunos fiscales estatales han presionado para que los bancos aporten 20,000 millones de dólares para ayudar a las
víctimas de embargo y
enmendar sus errores pasados, pero las autoridades federales no se han puesto de acuerdo en ese tema, pues no desean intensificar las
presiones financieras a los bancos cuando la economía sigue débil.
En esa línea, la Fed indicó el miércoles pasado que no usurpaba las funciones de las fiscalías estatales al anunciar acciones federales contra los bancos:
Las medidas coercitivas (federales) complementan las acciones consideradas por las agencias reguladoras estatales y federales y las agencias sancionadoras, y no impiden que esas agencias emprendan acciones adicionales. La Reserva Federal continúa colaborando con otras autoridades estatales y federales para resolver estos temas.
Por su parte, JP Morgan Chase dijo el miércoles pasado que los costos asociados a hipotecas habían representado una pérdida de
casi 2,000 millones de dólares para sus ingresos del primer trimestre, y advirtió que esos costos permanecerían elevados en los próximos trimestres. La pregunta ahora es si dichos costos aumentarán aún más por las sanciones.
