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junio 30, 2011

Indepabis: Algunos constructores venezolanos sabotean entrega de viviendas


A través de una nota de prensa, el Indepabis asegura que un documento entregado recientemente, firmado por Juan Andrés Azpúrua, “se condiciona la culminación de la obra con pretensiones que perjudican a las cientos de familias que ven frustrados el beneficio de las medidas implementadas por el Gobierno”. Indepabis sostuvo que constructoras privadas mantienen paralizadas la culminación de las obras en la urbanización Terrazas de Guaicoco, por lo cual no han hecho entrega de las viviendas.

“El organismo protector se mantiene firme en su objetivo de entregar las viviendas a las familias víctimas de estafas inmobiliarias. Al respecto el Instituto mantiene una posición ajustada a derecho fundamentándose en la facultad que le otorga la Providencia Administrativa número 108, del 02 de mayo del presente año, para ejecutar conjuntamente con los afectados y afectadas, todas las acciones necesarias con el objeto de lograr la continuidad y culminación de la obra”.
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junio 10, 2011

Indepabis: 38 empresas de compras programadas de carros han incurrido en delitos contra el Estado venezolano


El número de personas afectadas con la estafa de vehículos en Venezuela supera las 5.000. Indepabis informa que 38 empresas de ventas de vehículos en el país, a través de sus programas de compras programadas, han incurrido en delitos contra el Estado venezolano,al asumir y promocionarse como entes de financiamiento y crédito sin estar inscritas en la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (Sudeban).

Así lo indicó el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (Indepabis), Augusto Montiel.
Señaló que esta irregularidad ha permitido a los dueños de estas empresas movilizar grandes cantidades de dinero, captado de sus clientes, hacia otros sectores financieros que no están relacionados con la compra de vehículos, “creando una centrífuga para generar mayores ganancias”.
El presidente de Indepabis expresó que estas empresas están siendo investigadas por las autoridades competentes por legitimación de capitales, entre otros delitos.
Recomendó a las familias venezolanas evitar inscribirse en los programas y promociones que ofrecen las empresas de compras programadas de vehículos, “ya que ninguna garantiza la adquisición del bien solicitado”.
Este miércoles fue aplicada una medida de ocupación temporal por funcionarios del Indepabis ala empresa de vehículos Plus Car, ubicada en Caracas, por incurrir en irregularidades como oferta engañosa, incumplimiento de contrato, cobro indebido de mensualidades y desvío de capitales.
Asimismo, se ordenó una medida preventiva innominada por tiempo indefinido contra Chevi Plan y Plan Ford, ubicadas en Valencia, estado Carabobo, por incurrir en las referidas irregularidades.

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mayo 12, 2011

Cierran en Venezuela Autoenmano con medida de ocupación


Sitio web de la empresa Autoenmano
El presidente del Instituto venezolano para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) , Augusto Montiel, indicó que la empresa de compra programada de vehículos Autoenmano fue clausurada con medida de ocupación e inició un procedimiento administrativo contra la misma. 

Respecto a los propietarios, especificó que Andrés Ayala está detenido en el retén de La Planta, mientras que Gabriela Pino se encuentra bajo arresto domiciliario por tener una bebé.

Montiel indicó que se investiga también a algunos concesionarios y patrocinantes que figuran en la publicidad de Autoenmano.

Aseguró que los guardaespaldas de los propietarios y los custodios de los establecimientos de Autoenmano serían funcionarios de la Policía de Baruta, presunción que también es investigada por el Cicpc. 

El presidente del Indepabis afirmó que los propietarios de la empresa entregaron cheques sin fondos para evadir las acciones de los denunciantes.

Instó a los clientes de Autoenmano a no continuar los pagos a esa persona jurídica debido a que se encuentra bajo un proceso administrativo. También invitó a quienes deseen colocar denuncias respecto a la empresa a acudir al Indepabis.
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febrero 18, 2011

Augusto Montiel, nuevo presidente de Indepabis


En la Gaceta Oficial 39.618 del 17 de febrero fue publicada la designación de Augusto Montiel como presidente del Indepabis, en sustitución de Aura Hernández. 
Augusto Montiel se desempeñaba como diputado de la Asamblea Nacional, en el anterior periodo y el actual. Además, era vocero en la sala situacional del Indepabis en el caso de las presuntas estafas inmobiliarias.

En la resolución se indica que el presidente del organismo tiene el deber de salvaguardar los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios con la participación de las comunidades. 
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enero 27, 2011

Sustituyen a Canán por Enme Betancourt en MILCO


Fuentes del alto Gobierno confirmaron a El Universal que el actual ministro de Comercio, Richard Canán, fue removido del cargo que ocupó durante casi un año.
Anteriormente, Canán se desempeñó como viceministro de Agricultura y Tierras, durante la gestión de Elías Jaua como titular de ese despacho.

Aunque no se precisó sobre las causas de la destitución de Canán, se rumora que el desempeño del Indepabis fue lo que le costó el cargo.

Suena como sustituta al cargo de Minstra de Comercio la actual presidenta del Bandes, Enme Betancourt. 
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enero 22, 2011

Jaua: Superintendencia de Costos y Precios puede sustituir al Indepabis


Superintendencia de Costos y Precios sustituiría al Indepabis El Ejecutivo nacional trabaja en una propuesta para crear un organismo autónomo con injerencia en la formación de precios y servicios, no sólo de los productos que se fabrican en el país sino también de aquellos que son importados.
El vicepresidente de la República, Elías Jaua informó a El Universal que existe la posibilidad de que la Superintendencia de Costos y Precios sustituya al Instituto de Defensa a las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), con la finalidad de "darle carácter de un organismo con estructura nacional y más calificado en la supervisión de precios en el mercado".
Jaua explicó que las competencias de dicho organismo van más allá de la fiscalización, pues tendrá competencia para analizar la manera cómo se fijan los precios al consumidor. El proceso pasaría por la revisión de las estructuras de costos tanto de los productos nacionales como de los que son importados, prioritarios o no.
"La superintendencia tendrá como finalidad analizar las estructuras de costos con competencia en la fijación de precios para determinar la justeza en la fijación de precios", expresó el vicepresidente Jaua.
Agregó que en el sector importador es donde se evidencia mayor especulación con los precios al consumidor.
"Es fundamental analizar cuánto les cuesta importar esos productos, porque lo compran a un precio y lo venden a otro muy superior. Eso hay que controlarlo", expresó el Vicepresidente.
El sector empresarial privado ha manifestado su preocupación sobre el alcance que tendría la Superintendencia de Costos y Precios no sólo en la formación de precios sino también en la regulación de las ganancias.
En ese sentido, Jaua señaló que la regulación de las ganancias del sector productivo y comercial es parte del proceso para que se establezca "con justicia" la fijación de precios.
"No será un organismo represivo. El objetivo es eliminar la especulación. No puede ser que lo que venden cueste cuatro veces más de lo que les costó", aseveró el vicepresidente.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que los privados participen en la determinación de los precios finales al consumidor, Jaua señaló: "es una competencia del Estado la fijación de precios".
El Ejecutivo prevé que la Superintendencia de Costos y Precios sea un organismo con una estructura administrativa similar a la del Seniat. Todavía no se ha definido a qué Ministerio será adscrita dicha institución.
Descartó que a través de la superintendencia vayan a crear impuestos para pechar al sector empresarial y comercial. Lo que sí está previsto es mantener las sanciones penales y administrativas, así como las multas a estos sectores.
No descartan que haya reformas en las sanciones que están vigentes en la Ley de Defensa a las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios
Está previsto que la Superintendencia de Costos y Precios, de ser aprobada, entre en funcionamiento en el primer trimestre de este año.

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noviembre 10, 2010

Gobierno nacional hizo entrega de apartamentos en urbanismos intervenidos con presencia de Indepabis..

Indepabis aseguró que el proceso se cumplió a través de actas, buscan proteger a los propietarios.
El Gobierno nacional hizo entrega ayer de apartamentos en urbanismos intervenidos la semana pasada por el Ejecutivo.

Así lo informó, la presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Aura Rosa Hernández, quien destacó que la entrega se hizo a través de un acta.
La funcionario dijo que precisamente, una de las razones de estas medidas de intervención del Estado sobre 33 urbanismos fue la negativa de las empresas inmobiliarias de entregar a sus dueños los apartamentos listos si los compradores no cancelaban el ilegal Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La presidenta del Indepabis, desde la sede de una de las salas situacionales que agrupa a las víctimas de las estafas inmobiliarias, resaltó que estas acciones del Estado son para proteger a la clase media.
Milagros Reverón, compradora de una vivienda en el Conjunto Residencial San José del Ávila, uno de los urbanismos intervenidos, apuntó que existe una comisión mixta del Indepabis y el Ministerio de Vivienda y Hábitat, que se encarga de los trámites legales necesarios para que la protocolización de la adquisición de las viviendas se haga efectiva lo más pronto posible.
Añadió que esta comisión también apoyará a los compradores que requieran la gestión de créditos hipotecarios. “Lo más importante es que ya estamos en posesión de nuestros inmuebles”, acotó.
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noviembre 08, 2010

Comenzó fiscalización en clínicas privadas.

Según la defensora del Pueblo delegada del Área Metropolitana de Caracas, Nahomí Figuera, el objetivo de esta iniciativa es garantizar a los asegurados que reciban la debida atención al momento de requerirla en estos recintos de salud privados.

AVN
Este lunes se pondrá en marcha el operativo de vigilancia y fiscalización en varios centros de salud privados de Caracas, por parte de la Defensoría del Pueblo, del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
El objetivo de esta iniciativa es garantizar a los asegurados que reciban la debida atención al momento de requerirla en estos recintos de salud privados.

La información la ofreció la defensora del Pueblo delegada del Área Metropolitana de Caracas, Nahomí Figuera, a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), quien señaló que tomaron de forma aleatoria 40 clínicas privadas de la ciudad capital para ser inspeccionadas.

“A partir de este lunes 8 de noviembre comenzaremos con el operativo conjunto entre la Defensoría, el Indepabis y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para la inspección de las clínicas privadas como parte del convenio de cooperación interinstitucional suscrito por estas instituciones (el pasado 1º de noviembre)”, indicó.

Figuera recordó que el objetivo del convenio interinstitucional entre estos organismos es articular esfuerzos y mecanismos para adoptar medidas que ayuden a hacer eficaz y justa la prestación de este servicio público a toda la población, sin ningún inconveniente ni atropello alguno.

La Defensoría del Pueblo verificará el cumplimiento de las normativas establecidas en la Ley de la Actividad Aseguradora, específicamente en el artículo 40, el cual establece la prohibición a las empresas de seguros de supeditar la cobertura en casos de emergencia a cualquier tipo de emisión de claves o autorizaciones de acceso que impidan la atención y el acceso al derecho a la salud, entre otros alegatos.

“Posteriormente surgirán una serie de recomendaciones y como parte del convenio se establece la posibilidad de formular propuestas o proyectos de normas de carácter técnico, protocolos de atención, con el propósito de coadyuvar en una atención más oportuna de estos casos”, explicó.

La defensora delegada de Caracas destacó que también está previsto en el acuerdo la capacitación del personal adscrito a cada una de las instituciones firmantes, así como la divulgación de sus competencias a toda la colectividad.

De igual manera, indicó que luego de cada inspección los funcionarios deberán levantar un informe y, de ser necesario, se harán las debidas recomendaciones, elevando estos escritos a la sala situacional ubicada en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, en El Rosal, Caracas.

Por parte de la Defensoría trabajarán un aproximado de 14 funcionarios, en compañía de los que designe el Indepabis.

Figuera consideró importante "recordar que el derecho a la salud, como derecho constitucional, constituye también un servicio público, aun cuando esté siendo prestado por las clínicas privadas”. Añadió que en lo sucesivo extenderán este operativo a escala nacional para resguardar el derecho a la salud de todas y todos los venezolanos.
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noviembre 05, 2010

Propietarios del conjunto residencial San José del Àvila recibieron respuestas del Indepabis.

HRE
Globovisión.

Hoy viernes se reunieron con Indepabis, los compradores del conjunto residencial San José del Ávila, quienes recibieron algunas respuestas a sus interrogantes y les prometieron que la próxima semana se les entregará un cronograma de actividades, que incluirá la información sobre el reinicio de la construcción.

Informaron que ya están mas tranquilos, porque les aclararon que se trata de una ocupación temporal y no corre riesgo su propiedad como en primer momento tenían entendido.

Atribuyen el retraso a las condiciones del país, casi no tenían obreros, según comentaron a su salida de la reunión con el organismo público.

Admitieron que la constructora les había dicho que debían pagar una cuota especial de 80 mil bolívares fuertes, por el concepto del IPC.

Onairpic Celis, propietario de un apto en este conjunto residencial, dijo que en este momento no hay obreros trabajando, y esperan que la próxima semana se reinicien las labores.

Indicó que tiene cuatro años esperando su apartamento, y apuntó que tienen esperanzas por la ocupación temporal sea pronto la entrega del apartamento. Al momento de la inversión pregunté me dijeron que había 300 obreros, luego por los cambios del país bajaron a 50 por torre, lo que fue atrasado todo el trabajo.

Hubo personas que cancelaron el IPC. La constructora dijo que esperaría la decisión del Gobierno sobre la situación del IPC, el apartamento salió en 213 millones, y actualmente está sobre los 600.

Tenemos seguridad que el Indepabis va a estar pendiente de todo, y el Ministerio de Vivienda aseguró que estará pendiente del cumplimiento de los tiempos de las obras, y que nos garantizan la culminación de la misma
Comentaron que la Guardia Nacional se mantiene resguardando la obra.
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