El 17 de diciembre el Presidente de la República anunció una la lista de 47 fincas a intervenir en Sur del Lago. A pocas horas de la medida, militares y representantes del Instituto Nacional de Tierras (Inti), adscritos al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), se presentaron en los fundos ubicados en Colón y Francisco Javier Pulgar, en Zulia. En otras jurisdicciones de Mérida se ejecutaron tomas de predios.
Juan Romero, diputado zuliano ante la Asamblea Nacional, señaló que el Gobierno ha tenido el "tiempo suficiente para reevaluar las condiciones de productividad, de legalidad y del comportamiento cívico de los productores de Santa Bárbara, para definir qué es lo que va a hacer con las fincas".
Hace un mes el Inti inició un proceso de revisión e inventarios de las unidades ganaderas. De las 47, el MAT anunció que 16 estaban fuera de la medida, tras reconocer que son fundos de menos de 100 hectáreas y que pertenecen a pequeños productores.
Romero explicó que "si el Gobierno adquirió compromisos" internacionales para desarrollar la tierra, tendría una salida: "Que se ponga de acuerdo con los productores". Exhortó a abrir un diálogo para revisar la política que podría afectar la economía de la zona.
Instó a materializar financiamientos para la adecuación de la tierra "y de una vez por todas, después que han revisado la situación de esas tierras, le reconozca la propiedad a esa gente, dando estabilidad, que le hable de un marco legal claro" en el que "le garantice que la tierra que trabaja pueda servir para su descendencia", respetando lo que dice la Constitución sobre el “uso, goce, disfrute y disposición".
Para el diputado, "desde un principio (…) el Gobierno inició esta cruzada con información errada (...) Partieron de una muy mala base; incluso, muchas de esas fincas tenían certificados de fincas productivas que estaban hechos por la oficina local del Inti. Hay una inconsistencia."
Otras acciones
Juan Carlo Loyo, ministro de Agricultura y Tierras, a propósito del lanzamiento de la Misión AgroVenezuela, aseguró que el Ejecutivo tiene un "despliegue geopolítico" para aumentar la producción agrícola y que los productores afectados por las lluvias, en 65 mil hectáreas, ya no tienen deudas. El monto de la medida asciende a 44 millones de bolívares.
"La Misión AgroVenezuela es una gran voluntad nacional para impulsar la producción de alimentos en nuestro país, que nos permitirá de manera inmediata e impactante incrementar la producción agrícola de los principales rubros que en nuestro país se consumen."
Denuncia
Sergio Villasmil. Santa Bárbara de Zulia. Gustavo Meléndez, abogado agrario, informó ayer en rueda de prensa que en las próximas horas acudirá a la Fiscalía del Ministerio Público en el municipio Colón. Solicitará que se inicie una nueva investigación por la quema de la oficina del Instituto Nacional de Tierras en la localidad, el pasado 8 de enero.
Dijo que irá con funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio Colón, quienes respaldarán la versión que mantiene el jurista, según la cual Félix Acopio, titular de la oficina, estaba en el lugar ebrio, en ropa interior y armado en el momento en que llegaron los efectivos a sofocar las llamas. Aseguró que los bomberos respaldarán su afirmación.
Juan Romero, diputado zuliano ante la Asamblea Nacional, señaló que el Gobierno ha tenido el "tiempo suficiente para reevaluar las condiciones de productividad, de legalidad y del comportamiento cívico de los productores de Santa Bárbara, para definir qué es lo que va a hacer con las fincas".
Hace un mes el Inti inició un proceso de revisión e inventarios de las unidades ganaderas. De las 47, el MAT anunció que 16 estaban fuera de la medida, tras reconocer que son fundos de menos de 100 hectáreas y que pertenecen a pequeños productores.
Romero explicó que "si el Gobierno adquirió compromisos" internacionales para desarrollar la tierra, tendría una salida: "Que se ponga de acuerdo con los productores". Exhortó a abrir un diálogo para revisar la política que podría afectar la economía de la zona.
Instó a materializar financiamientos para la adecuación de la tierra "y de una vez por todas, después que han revisado la situación de esas tierras, le reconozca la propiedad a esa gente, dando estabilidad, que le hable de un marco legal claro" en el que "le garantice que la tierra que trabaja pueda servir para su descendencia", respetando lo que dice la Constitución sobre el “uso, goce, disfrute y disposición".
Para el diputado, "desde un principio (…) el Gobierno inició esta cruzada con información errada (...) Partieron de una muy mala base; incluso, muchas de esas fincas tenían certificados de fincas productivas que estaban hechos por la oficina local del Inti. Hay una inconsistencia."
Otras acciones
Juan Carlo Loyo, ministro de Agricultura y Tierras, a propósito del lanzamiento de la Misión AgroVenezuela, aseguró que el Ejecutivo tiene un "despliegue geopolítico" para aumentar la producción agrícola y que los productores afectados por las lluvias, en 65 mil hectáreas, ya no tienen deudas. El monto de la medida asciende a 44 millones de bolívares.
"La Misión AgroVenezuela es una gran voluntad nacional para impulsar la producción de alimentos en nuestro país, que nos permitirá de manera inmediata e impactante incrementar la producción agrícola de los principales rubros que en nuestro país se consumen."
Denuncia
Sergio Villasmil. Santa Bárbara de Zulia. Gustavo Meléndez, abogado agrario, informó ayer en rueda de prensa que en las próximas horas acudirá a la Fiscalía del Ministerio Público en el municipio Colón. Solicitará que se inicie una nueva investigación por la quema de la oficina del Instituto Nacional de Tierras en la localidad, el pasado 8 de enero.
Dijo que irá con funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio Colón, quienes respaldarán la versión que mantiene el jurista, según la cual Félix Acopio, titular de la oficina, estaba en el lugar ebrio, en ropa interior y armado en el momento en que llegaron los efectivos a sofocar las llamas. Aseguró que los bomberos respaldarán su afirmación.
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