Bajo el lema de "Un pueblo propietario", 29 organizaciones constituyeron ayer el Frente Nacional por la Propiedad con el objetivo de defender el patrimonio individual y rechazar el modelo social o comunal que promueve el Gobierno.
La ocasión sirvió para que aproximadamente 160 personas reunidas en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas expresaran su descontento por la ola de expropiaciones e invasiones que se han sucedido en los últimos meses en el país, alentada por las leyes y decretos que ha dictado el Ejecutivo dentro del marco de la emergencia causada por las lluvias de finales del año pasado. Asistieron asociaciones de transporte y de comercio informal, cooperativas, arrendadores de pensiones y propietarios de estacionamientos y edificios de Catia, Candelaria, Parque Central y Petare y del estado Vargas.
"Estamos viendo una promesa de propiedad que transformará a la gente en pisatario porque no se podrá heredar y la familia no podrá disponer de los bienes", advirtió Roberto Orta, directivo de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), organización que coordinó la actividad.
Se refería el abogado a la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Viviendas, sancionada por el presidente Hugo Chávez por vía de la Ley Habilitante, y a los recientes decretos de expropiación forzosa de terrenos urbanos. Se le suma a ese ámbito legal el llamado de Chávez a tomar galpones y terrenos vacíos.
El frente recién creado considera que esos instrumentos emitidos por el Gobierno relativos a la propiedad urbana son violatorios de los artículos 299, 115 y 116 de la Constitución. También contradicen la Resolución 217 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Orta recordó que sólo en Caracas 156 edificios permanecen invadidos, así como 800 casas, terrenos y galpones. Dijo que todavía no han sido indemnizados los propietarios de los 188 edificios que expropió en 2006 el entonces alcalde Juan Barreto. Los apartamentos tampoco han sido adjudicados a los inquilinos. En todo el país, entre 1999 y 2009, 22.000 inmuebles han sido invadidos.
Expuso que la propiedad privada urbana está siendo amenazada por lo que llamó "las 9 plagas": la suspensión de juicios por desalojos y la congelación de alquileres; los censos a viviendas vacacionales; las tomas e invasiones de hoteles, pensiones y casas de vecindad; las expropiaciones y tomas de terrenos, galpones y estacionamientos; las expropiaciones a 280 viviendas construidas en Caracas, sin pago; las expropiaciones a viviendas en construcción; la Ley de Tenencia de la Tierra en Barrios; la regulación de los precios de la viviendas usadas, que está en estudio; así como la indiferencia de los cuerpos policiales ante las expropiaciones. Llamó a los afectados a no abandonar sus propiedades si son invadidas, a protestar y seguir los procedimientos legales.
"Nadie va a entregar su vaina. Si no hay un consenso en la sociedad sobre este tema, la situación se convertirá en un polvorín", dijo Felipe Benitez, sociólogo del Observatorio de Derechos de Propiedad, quien destacó que siempre ha habido invasiones en el país. La diferencia, señala, es que desde 1999 se han incrementado. El fenómeno comenzó en el campo a partir de 2002, siguió contra las empresas en 2006 y ahora el método se está aplicando en la ciudad. "Hoy le estamos viendo el colmillo a este proceso, al lado de nuestras casas".
Alertó sobre el peligro que implica la libre interpretación de las palabras del presidente Chávez. "Algunos creen que sus palabras son sagradas. Pero no lo son". La afirmación arrancó aplausos de la asistencia.
"Nos estamos jugando la paz y la estabilidad del país y de nuestros hijos". Instó a los afectados a movilizarse dentro del marco de la ley y exigió al Gobierno dialogar con las asociaciones allí reunidas. "Si el Movimiento de Pobladores de Venezuela tienen injerencia en la redacción de las leyes, nosotros también la queremos", indicó.
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