En el dictamen redactado por el magistrado Juan José Mendoza se recordó que en los juicios contra empresas en las que "el Estado ejerce un control decisivo y permanente en cuanto a su dirección y administración" es obligatorio notificar a la Procuraduría, lo cual no ocurrió en este caso; y por ello giró instrucciones a todos los jueces para que en situaciones similares convoquen a la Procuraduría, organismo encargado de velar por los intereses patrimoniales de la República.
La paralización de todos los juicios que contra las empresas públicas y/o privadas estatizadas recientemente hay en los distintos juzgados del país ordenó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La orden la giró la Sala Constitucional del máximo juzgado en su sentencia número 114, en la cual ordenó repetir el proceso que contra la empresa Metrobús Lara se le siguió en los juzgados civiles y mercantiles de Barquisimeto, por un accidente de tránsito en el que se vio involucrado una de sus unidades en 2007 y en el que varias personas resultaron gravemente heridas.
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