Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, en el cierre del congreso anual del gremio informó que"Desde hace varios años Conindustria ha venido denunciando las agresiones a las que estamos sometidas las empresas venezolanas a causa de la injerencia del estado en la actividad productiva. Hemos denominado a este proceso el cerco, el cual ya se ha extendido a toda la empresa privada y al concepto mismo de propiedad consagrada en nuestra Constitución".
Es a partir de 2003 cuando el denominado "cerco" al sector manufacturero y a los actores privados de la economía empieza a acentuarse. El comienzo del control de cambio, la imposición de precios, la inamovilidad laboral, el inicio de las importaciones "masivas" por parte del Estado, la creación de "gremios paralelos" y las invasiones a tierras, fueron las primeras señales que advirtieron los industriales.
Desde entonces, el cúmulo de restricciones lejos de disminuir, ha aumentado a través de nuevas leyes, más presencia del Estado en diversas áreas económicas y la imposición de distintas cargas impositivas.
"El cerco y la amenaza sobre la propiedad privada se evidencian en nuevas leyes, disposiciones gubernamentales, y se han concretado en tomas y expropiaciones de empresas, fincas, terrenos, edificios, maquinarias de construcción", agregó Larrazábal el pasado martes.
Pese al rechazo popular que en 2007 sufrió la propuesta de reforma constitucional que buscaba incluir en la Carta Magna los principios del llamado "Socialismo del siglo XXI", el "cerco" a la manufactura se ha profundizado, según la visión de Conindustria.
A buena parte de los controles que nacieron en 2003, el Gobierno sumó posteriormente leyes como la del Indepabis, que allana el camino para la expropiación de las empresas, agudizó la conflictividad laboral y diseñó un esquema de controles y permisos previos para los privados que necesiten importar materia prima o productos terminados.
Adicionalmente, el Ejecutivo no ha dejado de impulsar el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013, en el que se plantea expresamente el cambio de propiedad en el manejo de los medios de producción.
"El concepto de propiedad privada dentro del cual ha funcionado la sociedad venezolana ha sido paulatinamente interpretado y convertido en una categoría relativa", señalaba un estudio de Conindustria realizado en 2008.
A finales de 2010 la Asamblea Nacional (AN) avanzó en es sentido y a través del denominado paquete de leyes del "poder popular" se le dio forma jurídica a la "economía comunal", las "comunas" y se hicieron modificaciones al la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional y a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Con esta última se obligó a las empresas a aportar parte de sus ganancias a un fondo centralizado por el Estado para el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos.
Para Conindustria los resultados de esta política han conducido al cierre del 36% del parque industrial que existía en Venezuela en 1999 y han limitado la dinámica de producción de las industrias que aún funcionan.
"Es digno de señalar cómo la mayoría de los sectores se ubican, de acuerdo a cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, por debajo del valor base de hace 14 años. En otras palabras, casi todos los sectores producen menos que en 1997 con una población que se ha incrementado en dicho período en más de 5.800.000 habitantes", indicó Larrazábal.
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