El pasado 29 de enero entró en vigencia la Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, la cual señala que la inversión privada estará sujeta a los lineamientos que defina el Ejecutivo Nacional.
El texto indica que la planificación de la política nacional de vivienda responderá a un sistema integrado de planes nacionales, regionales y municipales y agrega que en el plan nacional estarán los lineamientos para la inversión pública y la orientación que tendrá la inversión privada en el ámbito territorial. El instrumento precisa que el programa, además estará "en función de la política económica, social y habitacional formulada por el Ejecutivo Nacional".
En diferentes alocuciones, el primer mandatario ha señalado que invita al sector privado a participar en el programa de vivienda y en ese marco, la Ley de Emergencia apunta que se podrán decretar exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta, Tasas Aduaneras e Impuesto de Importación.
Aunque se otorgan beneficios, por medio de la Ley de Emergencia se establecen vías para declarar de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos y los inmuebles no residenciales (galpones, depósitos, instalaciones) tanto públicos como privados.
El primer mandatario ha señalado que para este año se contemplan construir 150.000 viviendas y ha exigido a la banca pública y privada destinar 30 millardos de bolívares para atender parte del programa.
En el marco legal, el Ejecutivo Nacional indica que por esta vía se "establecerá un conjunto de mecanismos extraordinarios destinados a hacerle frente a la crisis de la vivienda que ha sido consecuencia del modelo capitalista explotador y que se ha agudizado por los efectos del cambio climático".
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