Los mecanismos contemplados en el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, destinados a garantizar el derecho a un techo a las familias venezolanas, respeta la propiedad privada, aseguró el vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua.
Puntualizó que la normativa permite una ocupación temporal de terrenos ociosos o subutilizados, donde se pueden levantar proyectos habitacionales, cuyos dueños, si demuestran su propiedad, serán indemnizados, tal como estipula la Constitución.
"La ley orgánica efectivamente busca atender una emergencia, y en ningún momento desconoce la propiedad privada del terreno, si la tiene. Simplemente, hay un uso que se le debe dar de emergencia y el dueño de ese terreno, si demuestra la propiedad, será debidamente indemnizado, como manda la Constitución, que es lo que hemos hecho en los procedimientos agrarios", explicó a AVN.
Añadió que en los casos de expropiaciones en predios agrícolas, "donde se demuestra la propiedad de la tierra, nosotros hemos cancelado. No podemos indemnizar a nadie si no se demuestra la propiedad privada".
Subrayó el vicepresidente que esta política "en ningún momento violenta la propiedad privada, sino que permite al Estado ocupar, por una razón de emergencia, y yo creo que nadie puede negar que hay una emergencia, las demandas de la gente de salir de zonas de riesgo y de que se le construyan viviendas en los terrenos aptos para ello".
Asimismo, aclaró que tampoco es cierto que la ley vulnere uno de los atributos de la propiedad, como es la disposición, a quienes reciban viviendas de parte del Estado.
Explicó que la normativa hace una diferenciación entre familias que pagarán la vivienda y quienes las tendrán como donación.
"Al igual que hace la banca privada, nadie es propietario hasta que termina de cancelar totalmente la hipoteca o el crédito. Las personas que van a acceder a viviendas por el Gobierno Nacional y que las van a cancelar, seŕan propietarias cuando terminen de cancelarlas completamente", puntualizó.
Hay otras familias a las que el Estado les donará las casas, "porque no tienen recursos o porque las perdieron en la tragedia".
"Es una vivienda que busca satisfacer una necesidad inmediata, un derecho humano fundamental, que no será cancelada por la persona, y, por tanto, se toma la previsión, por un período que determinarán luego los reglamentos y las leyes especiales, de que no sea enajenada, para evitar desviaciones", señaló.
Entre esas irregularidades que se quieren impedir mencionó: "Que se entreguen viviendas que posteriormente sean vendidas, viviendas que han sido otorgadas o transferidas con recursos que son de todos los venezolanos".
