Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), explicó que esos dos instrumentos contemplan vías adicionales a las previstas en la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública.
Y en ese contexto, detalló que la Ley de Emergencia incorpora las ocupaciones de urgencia, mientras que en la Ley de Expropiaciones solo existen ocupaciones previas y temporales.
La Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda y la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios crean nuevos procedimientos para la expropiación de tierras e inmuebles.
Según el texto vigente desde el pasado mes de enero, las ocupaciones de urgencia aplican cuando los bienes hayan sido declarados de utilidad pública y tengan la calificación de urgente. Orta aseguró que por ese mecanismo se elimina el juicio de expropiación, previsto en otras leyes, y el justiprecio pasa a ser fijado por el Gobierno.
Explicó que la reforma de la Ley de Arrendamientos también contempla otra forma de expropiación, debido a que cuando se tomen los inmuebles por los incumplimientos a la ley, las viviendas serán adjudicadas a los inquilinos en un plazo de 30 días, con lo cual nuevamente se omiten los juicios por expropiación y los cálculos para los justiprecios.
El proyecto que fue entregado a la Asamblea Nacional ordena a los propietarios de inmuebles destinados al alquiler y que hayan sido construidos antes de 1987, a vender las viviendas a los inquilinos, si ese procedimiento no se realiza de acuerdo los pasos establecidos por la Dirección Nacional de Inquilinato se procederá a la expropiación y en 30 días se adjudicarán los apartamentos.
Ese texto además contempla la expropiación para aquellos propietarios que incumplen el marco legal. Si un propietario reincide por tercera vez en las faltas y tiene más de cinco inmuebles será objeto de expropiación por parte de Inquilinato y los bienes serán adjudicados a los arrendatarios.
Ante esos nuevos marcos legales, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, aseguró que la construcción seguirá en recesión y apuntó que la actividad está afectada tanto por la escasez de materiales como por la inseguridad jurídica.
Expresó que por ejemplo la Ley de Emergencia de Terrenos incrementa las atribuciones del Presidente en el área de construcción, limita la disposición de la propiedad y violenta la planificación urbana.
Sobre la Ley de Arrendamientos, dijo que al igual que el texto anterior no respeta la propiedad, porque condiciona las ventas de las casas, elimina las prórrogas legales y crea un conflicto entre propietarios e inquilinos, entre otros puntos.
Consecuencia
En el foro Ley de Arrendamiento Inmobiliarios y Ley de Emergencia de Vivienda, organizado por Cedice, Aquiles Martini reiteró que con esos textos la producción de soluciones habitacionales se reducirá, el número de viviendas paralizadas se incrementará y, adicionalmente, el mercado de alquileres se restringirá más.
El pasado año el sector público y el sector privado terminaron 61.000 viviendas, cuando en 2009 se realizaron cerca de 100.000 unidades, de manera que hubo una caída de 39%, para Martini ese comportamiento se mantendrá en este 2011.
En 2010 el número de viviendas paralizadas llegó a 69.000 unidades, siendo el aumento de 137%, respecto al ejercicio anterior, y para este lapso, el presidente de la organización no descarta que el número de viviendas sin ejecutar crezca.
Aquiles Martini indicó que el impacto también se observará en el mercado de alquileres. "Actualmente de los inmuebles que están en oferta, solamente 6% es lo que se está arrendando y ello se reducirá. ¿Quién alquilará en estos momentos? Ya no se puede disponer de la propiedad".
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